El 4 de octubre de 2009 se cumplen 27 años de la MASACRE DE CANTAURA, en donde fueron asesinadas 23 personas, entre ellas María Luisa Estévez Arranz, de 27 años de edad, quien fuera estudiante de Arquitectura de la USB y miembro de la organización estudiantil Centro de Estudios Políticos de la USB. Su madre Vicenta Maruja Arranz de Estévez declara, tras la exhumación, que “todos esos muertos presentaban heridas por armas de fuego en las piernas y en la cabeza (...) sólo cuatro de los cadáveres tenían sus cuerpos cubiertos con uniformes militares y el resto, a excepción de su hija, estaban desnudos....”.(El Nacional, 14-10-82, D-24). Ricardo Matheus narra que “con los aviones Bronco bombardearon la zona, luego llegaron los helicópteros para barrer el bosque con sus ametralladoras punto 50 y por último de nuevo desde los aviones Bronco dispararon cohetes y bombas en circunferencia amplia, donde permanecían no sólo guerrilleros, sino trabajadores del campo quienes fueron alcanzados por los proyectiles disparados desde diferentes ángulos y por la onda explosiva de las bombas” (2001, 6-10-82, p. 30). Eduardo Rivero Olmos testifica que “en las poblaciones urbanas y ciudades cercanas se insiste con indignación en la muerte de numerosos civiles, entre ellos 7 indígenas y un número indeterminado de campesinos. Aseguran, los que esto sostienen, que los cadáveres de estos civiles han sido sepultados en el mismo sitio de los acontecimientos."

La operación militar “exterminio” tenía como objetivo la liquidación de un campamento del Frente Guerrillero “Américo Silva”, compuesto por cerca de 41 guerrilleros, algunos heridos fueron acribillados o rematados por los organismos de seguridad del Estado. De la parte gubernamental se justificaba la acción señalando que fue un enfrentamiento con la guerrilla. Pero, la evidente disparidad de bajas -23 muertos entre los rebeldes contra uno en el Ejército- confirma la convicción de que se trató de una ejecución en masa. Durante la operación militar se utilizó una descomunal fuerza en la que participaron diversos componentes: comandos de la DISIP y de la Guardia Nacional, fuerza aérea (aviones y helicópteros artillados), 1500 efectivos militares, etc. contra una unidad guerrillera pequeña; fueron asesinados vilmente los guerrilleros(as) capturados heridos, ensañándose con los cadáveres. Esta acción represiva-militar se extendió a los familiares y amigos de los caídos, contra los campesinos de la zona, contra el movimiento estudiantil que protestaba contra la masacre; alrededor de 300 dirigentes del área estudiantil, magisterial, vecinal o sindical fueron enjuiciados por rebelión militar. Hubo allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas, desaparecidos; estos hechos ocurrían bajo el silencio cómplice de los partidos del sistema, instituciones del Estado, medios de comunicación, que en su conjunto se esforzaban para justificar el horrendo crimen bajo la figura de un enfrentamiento con la guerrilla.